Panamá, 10 de marzo de 2023

La Ley 9 de 1997 por la cual se aprobó el Contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado panameño y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá, S.A., afiliada local de First Quantum Minerals, Ltd., fue declarada INCONSTITUCIONAL por la Corte Suprema de Justicia a través del fallo del 21 de diciembre de 2017. El fundamento del fallo fue: la falta de cumplimiento de los requerimientos de la Constitución, con respecto a los trámites legales en el proceso de contratación y el principio de plena justicia en la adjudicación, el cual exige que “la contratación sea el resultado de un proceso licitatorio justo en el que la adjudicación recaiga sobre el proponente mejor ajustado a los fines del bienestar social y el interés público…”

Luego de transcurridos más de 5 años, en donde a través de procesos poco transparentes y al margen de la ley se ignoró el fallo de la Corte, el gobierno nacional se “complace en anunciar” que han acordado con la empresa “el texto final del contrato de concesión que regirá las operaciones a largo plazo del Proyecto Cobre Panamá”, incumpliendo nuevamente con los mandatos de la Constitución y las leyes panameñas.

Los puntos expresados en el comunicado del Gobierno Nacional son vagos y llenos de ambigüedades. Dejan más dudas que certezas, profundizando la falta de transparencia mantenida durante todo el proceso, que no se desarrolló incluyendo a todos los panameños en la toma de la decisión.

Hablan de establecer límites, más no se define cuanto más allá de las 13600 has dadas en el contrato de concesión inconstitucional, sin considerar que esto implica bosques y cuerpos hídricos dentro del Corredor Biológico Mesoamericano. Por otro lado, cuando se refieren a la extracción de “otros minerales fuera del cobre”, sigue manteniéndose la permisión de la extracción de estos, sin el correspondiente pago. 

El hecho de que se considere como parte de “la ganancia del país” el pago de impuestos y cargas obrero-patronales que son obligaciones de cualquier empresa, desvirtúa el concepto de regalías y de pago por el recurso del país. Referirse a que se destinarán $ 187 millones para el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es una burla considerando que dicho programa requiere aproximadamente una suma de $ 1,400 millones para pagar las jubilaciones, cada año.  

Si comparamos los 375 millones de dólares propuestos para el estado anualmente con los $27,500 millones a los que asciende el Presupuesto General del Estado para el 2023, es claro observar que ese monto es una limosna. No cubre ni un mes de planilla del gobierno. Declaraciones de la empresa señalan que en el período de 2019-2022 -en el que operaron sin contrato- la mina generó ingresos totales por $8.098 mil millones, pero se pagaron a  $86 millones al estado. Tomando en cuenta la nueva propuesta se le pagarán a Panamá $ 456 millones, lo que equivale a un 5.6% de esos ingresos totales, mucho menos de lo que paga cualquier empresa que opera en el país. 

Al tiempo que el gobierno presenta en su anuncio el pago de los $375 millones anuales por el período de la concesión, First Quantum Minerals, Ltd. igualmente realiza un comunicado en Toronto, donde indica que pagará ese mínimo “con protecciones por pérdida” y al describir las protecciones por pérdida indican dos condiciones en donde pagarán 300 millones o menos: Cuando el precio del cobre sea menor a $3.25 por libra durante el periodo 2023-2025 y a partir del 2026.  ¿A quién le creemos? ¿Por qué el pueblo panameño tiene que compartir el riesgo de mercado con Minera Panamá?

Los servicios ambientales que generan esta área que está ubicada en la división de aguas de Panamá, en pleno Corredor Biológico Mesoamericano, benefician a ambas vertientes y ambos mares, y valen muchísimo más que $375 millones por año, además que sus recursos naturales, culturales e históricos pueden servir de base para generar ingresos más importantes y sostenibles a largo plazo.

La mayor supervisión por parte del gobierno, los compromisos de reforestación y la cláusula anticorrupción, se suman al acuerdo como logros de negociación, cuando estos son temas establecidos por mandato de las leyes en Panamá y, por tanto, de estricto cumplimiento, no sujetos a negociaciones.  Nada se habló del uso y pago de otros recursos que se ven impactados por la actividad, como el agua, no tampoco de las compensaciones por daños ambientales, pérdidas de bosques y biodiversidad, sin mencionar el impacto a la seguridad alimentaria.

Hemos insistido por los diferentes medios disponibles, en que no queremos actividad de minería metálica a cielo abierto en el país y nuestras solicitudes, protestas, proyectos y propuestas no solamente han sido ignoradas, sino que, además, se ha negado el acceso a la información, el acceso a los procesos de participación pública y con ello, a contar con los elementos necesarios para tener acceso a la justicia.

Denunciamos que tanto el Gobierno Nacional como Minera Panamá han actuado no solo de manera ilegal, sino de mala fe, al no utilizar las reglas de comercio justo basado en el diálogo, la transparencia y el respeto para con todos los panameños, condenando al país a sufrir los impactos que esta actividad producirá de manera permanente e irreversible.

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Exigimos: 

  • Que se entregue el contenido íntegro del texto del acuerdo del contrato de concesión. Tenemos el derecho de conocer directamente en qué términos se está comprometiendo nuestro patrimonio. 
  • Que se cumpla la Constitución y las leyes del país. 
  • Que acojan para su análisis y discusión las propuestas de Moratoria de la Minería Metálica a Cielo Abierto, Evaluación Ambiental Estratégica para la minería en Panamá e incluso la de Prohibición de la Minería Metálica a Cielo Abierto, en un debate amplio y con todos los actores e información disponible,  cumpliendo de manera real con la intención del Pacto Bicentenario de cerrar brechas y decidir lo que queremos para el futuro del país.
  • Que se inicie un plan de reemplazo de la actividad minera con alternativas- que basadas en el mejor aprovechamiento de nuestras riquezas naturales- generarán un desarrollo sostenible y sustentable a nivel nacional.

Suscriben el presente comunicado:

  1. Amigos del Parque Internacional La Amistad -AMIPILA
  2. Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño – CEASPA
  3. Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza -ANCON
  4. Asociación de Profesores de la República de Panamá -ASOPROF
  5. Centro de Capacitación Social -CCS
  6. Centro de Incidencia Ambiental -CIAM
  7. Colectivo Voces Exológicas
  8. Colibrí, Asociación Ecológica de Panamá
  9. Coordinadora Bugabeña contra las Hidroeléctricas
  10. Coordinadora para la Defensa de Tierras y Aguas de Coclé -CODETAC
  11. Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino
  12. Espacio Encuentro de Mujeres
  13. Frente Santeño contra la Minería
  14. Fundación San José Verde -FUSAVE
  15. Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de Panamá -FUNDICCEP
  16. Fundación para la Protección del Mar -PROMAR
  17. Fundación Panamá Sostenible -PASOS
  18. GAEA Abogados
  19. Guardianes de los Ríos- Santa Rita
  20. Movimiento Democrático Popular -MDP
  21. Movimiento Ya es Ya
  22. Sociedad Panameña de Salud Pública
  23. Sociedad Audubon de Panamá